Negocios a medida para Cristóbal López
El protagonismo del empresario Cristóbal López en la historia comercial del kirchnerismo parece reducirse a la impresionante expansión del juego que se dio desde la llegada al poder del matrimonio patagónico. Es una injusticia.
En las iniciativas más controvertidas de Néstor Kirchner y de su esposa en el campo de la energía el papel de López también fue decisivo. Sobre todo por su influencia en Enarsa, la empresa fundada por el ex presidente y una de las grandes usinas de escándalos de la década. Gracias a ese poder, el dueño de la petrolera Oil M&S tiene a su disposición información privilegiada sobre sus competidores desde hace, por lo menos, siete años.
Enarsa fue fundada en noviembre de 2004 mediante la ley 25.943. El artículo 8º de esa norma estableció que esa sociedad anónima crearía una Base de Datos Integral de los Hidrocarburos a la que tendrían acceso todos los operadores del mercado. "Los concesionarios y permisionarios -dice la cláusula-deberán suministrar toda la información que les sea requerida por el Poder Ejecutivo nacional."
El propósito explícito de la iniciativa era dotar al Estado de un mapa exhaustivo de la riqueza en petróleo y gas. Ese gran archivo digital tendría grados de confidencialidad. La Argentina imitaría así a muchos países que cuentan con información geológica sistematizada para facilitar a las petroleras la exploración y explotación del subsuelo. Pero lo que ocurrió fue muy distinto. Antes de que los recibiera el sector público, los registros digitales estuvieron en poder de López.
En 2006, Enarsa llamó a concursó para la creación de ese banco de datos con información privilegiada de toda la industria. El criterio de selección no fueron los antecedentes ni el precio, sino la evaluación del proyecto.
Así quedaron atrás un par de firmas internacionales y, el 14 de marzo de 2007, se contrató a Registros Mineros Argentinos SA (Remasa). Una sociedad constituida el 24 de diciembre de 2006, que comenzó sus actividades el 22 de febrero de 2007, veinte días antes de que ganara el contrato para confeccionar la base de datos.
Sólo por comenzar a construir la base informativa Remasa recibió un adelanto equivalente a 2 millones de dólares. Por auditoría de datos se le pagarían 195.000 dólares mensuales, y por generación de contenidos, 360.000.
La predilección de Enarsa por una firma recién creada es la primera de una serie de curiosidades. El presidente de Remasa es Carlos Leone, quien también lidera Paraná Metal, la autopartista de Cristóbal López. El vicepresidente es Raúl Esteban Zamora, quien constituyó domicilio en Córdoba 657, 7º piso, donde funcionan las oficinas de Oil M&S. Zamora estuvo durante años al frente de Álcalis de la Patagonia, otra firma del empresario kirchnerista. Este año se habría retirado de las empresas de López en medio de una agria disputa económica. Lo mismo sucedió con Osvaldo De Souza, hermano de Fabián, administrador del multimedio C5N.
Entre los directores de Remasa está Marcelo Aníbal Fiordelli. Este contador ganó alguna notoriedad cuando el amigo de los Kirchner compró las empresas de comunicación de Daniel Hadad. Como Hadad acumulaba más licencias de las que permite la ley de medios, Fiordelli pasó a figurar como el licenciatario de dos FM y de una señal de TV abierta digital. Martín Sabbatella, el titular de la Afsca, aprobó esa adecuación sin chistar. Aun cuando Fiordelli, como director de Remasa, también está radicado en las oficinas de López.
Otro de los directores de la empresa a la que Enarsa confió información confidencial sobre hidrocarburos es el programador de sistemas Gustavo Alfredo Suárez del Solar, que en 2008 renunció para incorporarse al Grupo Indalo, el holding de López, al que pertenece Oil M&S. Suárez del Solar fue reemplazado por Mauro Ismael Sánchez, quien también fijó domicilio en las oficinas de Oil M&S. Sánchez patrocinó a López como abogado cuando el rey de las tragamonedas compró a Clarín el 30% de Ideas del Sur, la productora de espectáculos de Marcelo Tinelli.
El vicepresidente Zamora y el director Sánchez son agradecidos. El año pasado, cuando la suerte del Gobierno peligraba ante Sergio Massa, el primero aportó $ 100.000 a la campaña de Martín Insaurralde. Sánchez puso la mitad. Pero ambos fueron más generosos que López, que sólo sacó $ 30.000 del bolsillo para auxiliar a Insaurralde. Demasiado poco si se recuerda que el esposo de Jesica Cirio fue secretario privado y hombre de confianza de Jorge Rossi, el titular de Lotería Nacional que permitió a López instalar las primeras 150 tragamonedas en el Hipódromo de Palermo. Hoy allí funcionan 4500. Por lo menos.
Que Enarsa haya entregado a una empresa manejada por, para llamarlos de algún modo, empleados de Cristóbal López información sobre sus competidores no debería llamar la atención. Fue una cortesía de Exequiel Espinosa, el entonces presidente de la compañía, con sus compañeros de trabajo. Porque en 2007, cuando se realizó la contratación de Remasa, también Espinosa era empleado de Oil M&S, que le pagaba las contribuciones patronales. Es verdad: no correspondía que el titular de Enarsa estuviera en la petrolera de López. Como tampoco correspondía que, el 4 de agosto de aquel año, estuviera en el Cessna Citation, de la empresa Royal Class, que transportó a Guido Antonini Wilson y su valija de 800.000 dólares de Caracas a Buenos Aires. Para abonar la teoría de Cristina Kirchner según la cual todo tiene que ver con todo: quien fuera gerente de Royal Class en 2007, Fernando Zingoni, administra hoy Autonomy, la empresa aérea de López.
Al dueño de Oil M&S -o, para guardar las formas, a sus subordinados- no le alcanzó con administrar una base de datos con información sensible aportada por empresas y provincias petroleras. Para la misma época en que consiguió esa transferencia, Remasa se postuló para controlar las regalías que debían pagar a Santa Cruz las compañías de hidrocarburos. Entre ellas, Oil M&S. El concurso se anuló.
Cristóbal López tiene una poderosa inclinación a quedarse con contratos del Estado y a convertirse al mismo tiempo en el encargado de controlar que esos contratos se cumplan. Con el juego de la ciudad de Buenos Aires sucede algo parecido. El sistema a través del cual se controlan las apuestas del casino de Palermo fue donado a Lotería Nacional, en 2013, por el casino de Palermo. Es una incógnita quién lo opera. Tampoco se sabe quién auditó el negocio entre 2003 y 2013. Lotería nunca se lo preguntó. Tampoco Mauricio Macri, cuya administración recibe una proporción de lo que cobra el Estado nacional.
López se aclimató a este tipo de relación con el Estado. Por eso su incursión en EE.UU. fue un fracaso. Las autoridades impositivas de Dania Beach, donde inauguró un casino con una fiesta animada por Susana Giménez, lo obligaron a suspender actividades. Después se descubrió que sus socios eran testaferros de algún capitalista desconocido. López debió entregar la sala a una compañía de la zona.
Ahí no terminaron, sin embargo, sus dramas norteamericanos. En Nevada se investiga, a instancias del fondo NML, de Paul Singer, la firma Val de Loire. Según Federico Achával, socio de López en la explotación del juego, esa firma es socia del Hipódromo de Palermo desde 1996. Es curioso, porque, según los registros de EE.UU., Val de Loire fue creada el 26 de octubre de 2005. Es decir, dos años antes de que Néstor Kirchner extendiera la concesión de ese fabuloso negocio desde 2017 hasta 2032, "exigiéndole" a cambio la instalación de 1500 tragamonedas más.
Estas sagas predatorias deterioran mucho el discurso oficial. ¿En nombre de qué soberanía energética Enarsa entregó a los presuntos testaferros de un empresario petrolero la base de datos del subsuelo del país? Es una buena pregunta para Julio De Vido y Exequiel Espinosa, los responsables de esa privatización. También para el sucesor de Espinosa, Juan José Carbajales, y su padrino Axel Kicillof, creador de una pretenciosa Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, a la que se le escapan estos detalles. Y para Carlos Zannini, viejo asesor de López, quien solía ufanarse de que "con nosotros los decretos se firman en la Casa Rosada y no en las corporaciones".
Es difícil determinar si las fechorías del kirchnerismo están destinadas a trascender por su baja calidad moral o por la mala praxis con que se llevan adelante. El Gobierno, que ya malogró los mercados energético, ganadero, cambiario y cerealero, amenaza ahora, con la colaboración de Lázaro Báez o Cristóbal López, con arruinar el mercado de la corrupción. Figuras tan arraigadas en la vida nacional como el testaferro, el funcionario coimero, el cambista lavador o el juez cómplice corren el riesgo de quedar inutilizadas por la torpeza con que una liga de políticos y empresarios ha hecho su tarea. Esa institucionalidad también está en peligro. Es una proeza: hasta el lado oscuro de la luna se ha eclipsado.
