martes, 24 de diciembre de 2013

La Argentina impune

Este es el marco de la Navidad que vivimos este año. De ninguna manera bajamos los brazos, porque nuestra fe mira al Salvador. Así como el Verbo se encarnó en el mundo anonadándose (Fil 2,6 ss) no porque éste fuera perfecto, sino justamente para salvarlo de la ruina y el pecado, así, con esta expectativa esperamos esta Navidad -y para nuestro presente y futuro próximo- una renovación de la mentalidad, de los principios que rigen nuestra vida cotidiana, una verdadera conversión, sólo posible con la Gracia del Señor que viene a salvarnos. Aquí queremos que se encarne el Verbo. Este es el pesebre donde Jesús viene a habitar.  Ésta Argentina impune es el Belén que no le da cabida a la Sagrada Familia, y humildemente clamamos al Señor:
¡Ven, Señor Jesús!
¡Confiamos en tí!
Porque de este pesebre has llamado a un humilde Pastor que nos indica el camino a seguir. Guarda al Santo Padre Francisco en tu corazón, y él, que conoce más que nadie cómo está nuestra sociedad, sea con su palabra de pastor, que lleva la Palabra de Cristo, una luz para todo el mundo.
¡Feliz Navidad para todos!
P. Luis



Martes 24 de diciembre de 2013 | Publicado en edición impresa

Peligra una causa judicial que vincula a barrabravas de River con el poder político

La suspensión del fiscal Campagnoli traba una investigación que involucra a la Casa Rosada; se conocieron sugestivas escuchas telefónicas
Un barrabrava de River Plate se jactó en una conversación telefónica con otro barra de haber recibido indicaciones que le hacía llegar Cristina Kirchner y de estar protegido por la figura presidencial, en una escucha judicial que consta en una causa que manejaba el suspendido fiscal José María Campagnoli y en la que ambos están siendo investigados por la presunta comisión de fraudes con la reventa de entradas del fútbol.
Ayer se conocieron esas escuchas telefónicas, que fueron publicadas por el diario deportivo Olé y que fueron confirmadas a LA NACION por fuentes judiciales.
Campagnoli había pedido la detención de Daniel Passarella, ex presidente del club, y de dirigentes de River Plate y barrabravas por esa causa, pero el juez Fernando Caunedo rechazó esos pedidos ante la insuficiente fundamentación. Los sucesores de Campagnoli en su fiscalía, la fiscal Graciela Camaño y Claudia Katok, no apelaron ayer esa decisión, que había implicado además que las escuchas telefónicas referidas a Lázaro Báez fueran enviadas al juzgado federal porteño de Sebastián Casanello.
"Mientras esté Cristina Kirchner, me lo aseguraron hoy, no me pasa nada", es la frase de Goñi, extraída de la causa de la cual fue desplazado Campagnoli. La decisión de Camaño, ex secretaria de Justicia que quedó al frente de los expedientes, benefició a Passarella, Diego Turnes, ex presidente y vicepresidente de River; a Diego Rodríguez, hermano de la ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez, ligado al club de Núñez, y a varios ex funcionarios policiales, para quienes Campagnoli había solicitado prisión.
De las escuchas también se desprendería que Goñi estuvo en la quinta de Olivos en marzo de 2013, de donde habría retirado dos banderas. Debía exhibirlas en el estadio Monumental el 22 de ese mes, en ocasión del partido de la selección argentina con la de Venezuela, por las eliminatorias para el Mundial de Brasil 2014, según relata el barrabrava en el diálogo telefónico. "Fuerza Cristina" y "Hasta la victoria siempre Comandante Chávez", fueron dos banderas que se vieron esa noche en el estadio de River. Según medios oficiales venezolanos, habían sido elaboradas por militantes de La Cámpora.
Uno de los diálogos de Goñi, que comparte con Martín Araujo y Guillermo Caverna Godoy la jefatura de los Borrachos del Tablón, es elocuente: "Yo no hablo con nadie de ellos. A mí me chupan la p... Conductas Delictivas, Eventos Deportivos... Estuve una hora y media en Balcarce 50 y vos me venís a hablar de estos pelotudos. Mientras esté Cristina Kirchner, me lo aseguraron hoy, no me pasa nada ni a mí, ni a Guillermo, ni a Martín, ¿entendés?", le comenta Goñi a José Uequín, alias Bolsa de Papa, su interlocutor y también barrabrava, frente a su preocupación por supuestos aprietes de la policía para tener una mayor participación en los negocios que controlan los violentos en River. El día que se grabó la conversación el celular de Goñi se activó en la antena de Plaza de Mayo.
Los vínculos de Goñi con el kirchnerismo no son recientes. En 2007 fue contratado por la Secretaría de Industria, por orden de Guillermo Moreno, por entonces secretario de Comercio Interior, aunque el barrabrava estaba procesado por la denominada batalla del playón, un choque entre facciones disidentes de los Borrachos del Tablón en el Monumental el 6 de mayo de 2007.
La conexión entre Moreno y Goñi quedó en evidencia cuando el barra fue a declarar ante el Tribunal Oral N° 15: "Yo respondo a Guillermo Moreno. Es mi inmediato superior", aseguró en una audiencia convocada para ver si los hinchas aceptaban una probation por los incidentes y las peleas.
"Tengo que meter dos banderas que me manda...", comenta Goñi en otra grabación, mientras que una persona llamada Calvete lo interroga: "¿El jefe (en presunta alusión a Guillermo Moreno)?".
"No, Cristina, más arriba por suerte. Tengo que ir a Olivos a buscar las cosas y de ahí a la cancha", respondió Goñi, cuyo celular se activó en la zona de la residencia presidencial. Fue pocas horas antes del citado partido ante el seleccionado de Venezuela.
No era la primera vez que la barra brava de River colgaba una bandera con consignas favorables al gobierno nacional.
En otras ocasiones la barra de River también desplegó leyendas con la frase "Clarín Miente", en un claro alineamiento con el mensaje que promueve el oficialismo, y otros estandartes a favor del programa estatal Fútbol para Todos. La relación con Moreno empezó cuando Joe, ex líder de los Borrachos del Tablón, militó en la Unidad Básica de Las Cañitas, manejada por el ex secretario de Comercio.

PROTAGONISTAS DEL ESCÁNDALO

  • Fernando Caunedo
    Juez federal

    Rechazó los pedidos de detenciones que había exigido el fiscal Campagnoli y pidió que cesaran las intervenciones telefónicas a los implicados en la reventa de entradas de River
  • Daniel Passarella
    Ex presidente de River

    El escándalo por la reventa de entradas y los vínculos con los barras pusieron bajo la mira la gestión de Passarella en River
  • Diego Turnes
    Ex vicepresidente de River

    Al igual que Passarella, este dirigente de River quedó involucrado en la causa por la reventa de entradas.  
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  • La Argentina Impune

    Por Joaquín Morales Solá -  La Nación - 24/12/2014
    La Justicia envió ayer una pésima señal a jueces y fiscales: los hechos de corrupción política no deben ser investigados ni castigados penalmente. La absolución de Fernando de la Rúa, de sus funcionarios y de los senadores de su época por el escándalo de sobornos en el Senado para que se aprobara la ley de reforma laboral, y, en el mismo día, el rechazo a un pedido del fiscal Campagnoli para ser repuesto en su cargo marcan una sombría perspectiva para los casos más resonantes de inmoralidad pública del kirchnerismo que se conocen en estos momentos.
    El tribunal oral que juzgó los sobornos de hace trece años tomó casi todos los argumentos de la defensa de los procesados y cuestionó seriamente al juez que investigó y dictó los procesamientos, Daniel Rafecas; a los fiscales que actuaron, y a la propia Oficina Anticorrupción, que también había pedido la condena.
    "Los hechos no existieron", dijo el tribunal. ¿No existieron? Los dos fiscales iniciales, Federico Delgado y Eduardo Freiler (hoy, juez de la Cámara Federal), llegaron a la conclusión de que sí habían existido. Rafecas hizo luego su propia investigación, que incluyó un innumerable cruce de llamadas telefónicas, y la decisión de éste fue confirmada por una Cámara que revisó el expediente. En el medio, actuaron dos fiscales más, el de la Cámara y el del tribunal oral. Ambos confirmaron las pruebas del delito.
    Los periodistas que teníamos entonces la convicción de que esos sobornos existieron (y que la tenemos) nunca escuchamos hablar, al principio al menos, de una orden directa del entonces presidente De la Rúa. Varias fuentes hablaron del uso de fondos reservados, pero no de una intervención presidencial, que surgió mucho más tarde, cuando circuló un memorándum anónimo en el Senado. Los funcionarios radicales de entonces comenzaron señalando que el pago de sobornos a los senadores no había sido del gobierno, sino de importantes empresarios, interesados en que esa ley saliera. Cuando dejaron el gobierno, la defensa cambió: los sobornos no habían existido de ninguna manera. Era, desde ya, una estrategia para unificar las defensas de los ex funcionarios radicales y de los senadores, peronistas la mayoría, todos encerrados en el mismo brete.
    En el largo camino de más de una década, dos testigos cruciales dejaron de ser accesibles para la Justicia. Uno de ellos es el ex senador Emilio Cantarero, un peronista clave en el Senado de los años 90, que le confirmó a la periodista María Fernanda Villosio, de LA NACION, que se habían pagado y cobrado las supuestas coimas. Cantarero está afectado por una enfermedad cerebral y perdió la memoria. La otra fue la ex esposa del arrepentido Mario Pontacuarto, quien, según dijo éste, era la única persona que, junto con él, había visto el paquete con cinco millones de dólares para pagar los sobornos. El Tribunal Oral que dictó ayer la absolución decidió no convocarla como testigo privilegiado de lo que afirmaba su ex esposo.
    Los jueces parecen haber hecho propio el criterio defensivo de los ex funcionarios radicales, que atribuyeron todo a una enorme conspiración. ¿Política, acaso? ¿Peronista, entonces? Está comprobado en la historia que Fernando de la Rúa sufrió el acoso de un peronismo que entonces ya padecía el síndrome de abstinencia del poder. Pero ningún peronista que se precie de tal haría una conspiración autoinculpándose ante la Justicia. Los radicales delarruistas tomaron como argumento, para denunciar esa conspiración, las intensas gestiones que hizo el entonces senador Antonio Cafiero para establecer la veracidad de los hechos. Cafiero publicó luego un libro en el que relató sus comprobaciones sobre la existencia de los sobornos, pero muchos senadores peronistas de entonces, y algunos radicales, vieron definitivamente arruinada su carrera política. Una generación de senadores peronistas y radicales desapareció de la vida pública.
    ¿Eran empresarios, tal vez, los autores de la conspiración? Nadie en la vida pública argentina aspiraba con tanta obsesión, como los empresarios, a que la ley de reforma laboral fuera aprobada. ¿Por qué destruirían lo que querían que existiera? Es cierto que De la Rúa sentía la presión del mundo de los negocios y la del propio Fondo Monetario Internacional para que esa ley fuera sancionada por el Congreso. Y es igualmente veraz que el sistema de cobros de "remuneraciones extraordinarias" a los senadores (una simulación verbal propia de Jorge Capitanich) para que aprobaran las leyes más sensibles del Poder Ejecutivo había empezado en el gobierno de Carlos Menem. Durante gran parte del menemismo, fue habitual el intercambio de dinero por la aprobación de leyes en el Senado. La diferencia es que el método menemista era mucho más disimulado y eficiente que la forma chambona que eligieron los oficialistas del radicalismo.
    El caso de los sobornos provocó, incluso, la renuncia del entonces vicepresidente Carlos "Chacho" Álvarez, presidente natural del Senado, quien creyó siempre que el tráfico de dinero espurio había existido. También se rompió de hecho la alianza que había ganado el gobierno en 1999. El posterior reproche político de la sociedad a Chacho Álvarez no fue porque él estaba convencido del delito, sino porque renunció en lugar de quedarse para combatir la corrupción desde adentro. ¿Semejante descalabro político, con un vicepresidente y muchos senadores eyectados del escenario público, con una coalición gobernante hecha trizas, sucedió por algo que nunca ocurrió?
    Llama la atención, además, la dura reprimenda del Tribunal Oral al juez Rafecas, al que le pidió un proceso en el Consejo de la Magistratura. Rafecas fue el tercer juez en el caso de los sobornos. El primero fue Carlos Liporace, quien llegó a afirmar que "hubo sobornos", pero luego no pudo explicar la compra de la costosa casa en la que vivía. Lo siguió el juez Gabriel Cavallo, que en ese momento estaba ternado para su ascenso a camarista. Rafecas fue el primer juez que decidió hacer una investigación propia del caso y llegó a la conclusión de que los sobornos habían existido.
    Rafecas es también el juez que autorizó todas las medidas iniciales que le pidió el fiscal Carlos Rívolo para investigar al actual vicepresidente, Amado Boudou, en el caso Ciccone. También por esa causa Rafecas está siendo juzgado por el Consejo de la Magistratura por un error cierto que cometió, aunque no dañó el material probatorio que él mismo ayudó a acumular. Hace poco, el fiscal Campagnoli estaba investigando a Lázaro Báez cuando la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, lo suspendió en el cargo. Campagnoli pidió una medida cautelar para ser repuesto en el cargo, pero el juez federal Pablo Cayssials rechazó, ayer también, la solicitud del fiscal y ratificó su suspensión en el cargo.
    Un día, en fin, de sucesivas victorias para la Argentina impune..
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    Péndulo kirchnerista

    El jefe de Gabiente se desdice y desdibuja. Y el Gobierno premia a la Inteligencia militar. Lázaro Báez, inocultable.

    ALLANADO Lázaro Báez
    ALLANADO Lázaro Báez | Foto: PABLO TEMES
    Lo único que le faltó decir al Gobierno esta semana fue que el calor es destituyente. Lo demás, fue la apología de la contradicción y la confusión. Un día Jorge Capitanich dijo que había que pensar en aplicar cortes programados y rotatorios de electricidad y al otro, no tuvo empacho en desdecirse.
    “Definitivamente incorrecta de mi parte”, señaló sobre su frase. Un día dijo que habían habido inversiones pero que el problema era el crecimiento económico y al otro, expresó que esas inversiones faltaban.
    La imagen del jefe de Gabinete se ha desdibujado después de los episodios trágicos de Córdoba. En este movimiento pendular del kirchnersimo, la sobreexposición mediática del gobernador del Chaco en uso de licencia lo complica día tras día. Hablar para tratar de desmentir la realidad no es una metodología buena. La evolución de la imagen pública del jefe de Gabinete que muestran las encuestas, refleja claramente esa circunstancia. En los primeros días de su gestión, la evaluación positiva de su persona había crecido veinte puntos. A partir de aquella noche dramática que vivieron los cordobeses las cosas han cambiado: ya perdió diez.
    La crisis energética será, tal vez, la herencia más pesada que dejará Cristina Fernández de Kirchner cuando cumpla su mandato y deje el poder. Paradojas de la vida de las que la Argentina está llena: la caída de la actividad económica producida en este último año ha ayudado a que los efectos adversos de esa crisis se amortiguaran un poco. La causa de este desastre es muy simple: la falta de inversiones. Es algo sobre lo que se viene hablando desde hace años y que el Gobierno conoce a la perfección. En 2003, un dossier en poder del secretario de Energía, Daniel Cameron, contenía información detallada sobre la materia. Las imágenes de la semana que pasó con vastas zonas de la Capital Federal y el conurbano bonaerense a oscuras y la gente en la calle haciendo sonar sus cacerolas en señal de protesta, no tienen nada que ver con la idea de una “década ganada” sino con las de un pasado reciente que ha vuelto.
    Las novedades producidas en el caso Lázaro Báez han comenzado a generar zozobra en el centro del poder. Cuando el lunes pasado, Hugo Alconada Mon –un baluarte del periodismo de investigación– publicó en La Nación el contrato de alquiler de habitaciones en el hotel Alto Calafate –propiedad de la Presidenta–, por parte de Lázaro Báez, produjo conmoción en ese núcleo poderoso. Que el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, se haya visto obligado por Fernández de Kirchner a hacer declaraciones reconociendo la verosimilitud del hecho, fue un indicio de ello. Otro, fue la disparatada iniciativa de Báez de solicitar a un juez que dicte una cautelar con la finalidad de evitar que se difunda información sobre el asunto, en lo que constituiría –de ser concedido– un verdadero acto de censura previa expresamente prohibido por la Constitución Nacional en su artículo 14. Es evidente que el empresario K le teme al conocimiento de la verdad de su real vinculación económica con el matrimonio Kirchner. Así, por ejemplo, son numerosos los testimonios que aseveran que las habitaciones de esos hoteles permanecen disponibles durante la mayor parte del año. Una de las pocas constancias de ocupación la dan las tripulaciones de los aviones de Aerolíneas Argentinas que hacen escala en El Calafate. Como se sabe, el rubro hotelero es mundialmente conocido como uno de los más utilizados para el lavado de dinero.
    Los allanamientos de las oficinas de Lázaro Báez ordenados por el juez federal en lo penal tributario Javier López Biscayart, conmovieron al poder. El magistrado es uno de aquellos a los que el Gobierno no ha podido doblegar. La verdad es que cualquier juez independiente que se animara, encontraría material de sobra para investigar los hechos de corrupción que comprometen seriamente a personajes clave del kirchnerismo. La novedad de lo sucedido en estos días es que el cerco ha comenzado a estrecharse. Investigar a Báez es investigar a los Kirchner es decir, a la Presidenta.
    El hecho más incomprensible de estas horas ha sido el ascenso a teniente general de César Milani y su confirmación como comandante en Jefe del Ejército. El empecinamiento de la Presidenta no ha hecho más que consolidar el nivel de las objeciones existentes contra el controvertido general. Por su postura de cercanía al oficialismo, Milani hace acordar al general Alberto Numa Laplane, hombre cercano a José López Rega, que ocupó la jefatura del Ejército en 1974. En aquel momento, Numa Laplane, que hablaba del profesionalismo integrado, también quiso identificar al Ejército con el Gobierno. ¿Qué lo ha llevado al kirchnerismo a hacer la vista gorda ante las evidencias que dan sustento a las denuncias obrantes contra Milani? ¿Cuál es el favor que el nuevo comandante en jefe le está haciendo al kirchnerismo?
    Se sabe que la Presidenta está absolutamente disconforme con el Servicio de Inteligencia del Estado (SIE) al que le reprocha, entre otras cosas, no haberle advertido acerca de la postulación de Sergio Massa que terminó siendo demoledora para la concreción del proyecto “Cristina Eterna”. Desde ese entonces, el Servicio de Inteligencia del Ejército, a cuyo cargo está Milani, ha ganado la confianza de la jefa de Estado. El hecho de que el jefe militar conserve el cargo junto con el de la comandancia en jefe del arma, es algo nunca visto en la historia reciente del Ejército, cuyo presupuesto para el área de inteligencia ha sido aumentado significativamente según se supo oficialmente el viernes último.
    “El mismo gobierno que descolgó el cuadro de Videla, colgó el de Milani”, fue una frase con la que figuras referentes de distintas organizaciones de derechos humanos resumieron la profunda contradicción que representa el ascenso y la confirmación del general. Contradicción tan manifiestamente brutal que hace innecesario cualquier otro agregado.
    Producción periodística: Guido Baistrocchi
    Publicado impreso en Perfil

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